Asimetría informativa en vivienda fue, aunque no con ese título, el fondo del artículo que escribí hace unos años para El Diario Vasco. Se titulaba Melón con jamón y se publicó en junio de 2019. Han pasado unos cuantos años, alguna ley, muchas declaraciones solemnes y varias capas más de barniz institucional. Sin embargo, la digestión sigue siendo pesada.
Melón con jamón. El título podía parecer gastronómico, pero el menú era inmobiliario. Y, como suele ocurrir en este sector, uno se sienta a la mesa creyendo que le van a servir transparencia y acaba masticando ambigüedades, medias verdades y algún que otro hueso atravesado.
El artículo nacía al calor de la entrada en vigor de la Ley de crédito inmobiliario. Una norma que pretendía corregir parte de los abusos financieros que habían quedado al descubierto tras la crisis. O, para ser más precisos, que habían quedado al descubierto para quien quisiera mirar. Porque debajo de la alfombra ya estaban desde hacía tiempo. Aquella ley hablaba de consumidores, de información previa, de advertencias, de transparencia y de comprensión de los contratos. Todo muy sensato. Todo muy necesario. Todo muy elegante en el papel. El problema, como casi siempre, estaba en el emplatado.
La vivienda como derecho y como producto financiero
El preámbulo de la norma mezclaba ideas de gran altura. Por un lado, el acceso a la propiedad como elemento que consolida la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos. Por otro, la vivienda como derecho fundamental. Jamón de pata negra y espuma de melón en el mismo plato. La combinación suena estupenda hasta que uno recuerda los desahucios, los embargos, las familias expulsadas de su casa y todas esas libertades tan consolidadas que se quedaron en la cuneta. Entonces el desayuno institucional empieza a repetirse.
La ley no regulaba la vivienda como derecho. Tampoco ordenaba el mercado inmobiliario. En realidad, trataba de poner algo de bicarbonato en la relación entre bancos y clientes. Y falta hacía. Durante demasiado tiempo, el profesional financiero sabía exactamente qué se firmaba, mientras el ciudadano firmaba con una mezcla de confianza, miedo y desconocimiento. Eso es la asimetría informativa. Una parte domina la información. La otra parte asiente, firma y espera no haberse equivocado demasiado.
La norma intentó corregir ese desequilibrio en el crédito hipotecario. Sin embargo, dejó fuera una parte esencial del problema: el propio proceso de compraventa de la vivienda. Porque antes de llegar al notario, antes de la escritura y antes incluso de la hipoteca, el negocio suele estar ya cocinado.
El verdadero agujero: la mediación inmobiliaria
La compra de una vivienda es, para la mayoría de las personas, la inversión más importante de su vida. Y, aun así, muchas veces se realiza con una cantidad de información que sería inadmisible en operaciones mucho menores. Nadie compraría un coche sin saber si es gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. En cambio, demasiadas personas compran una vivienda sin conocer con precisión su superficie, su estructura, sus instalaciones, sus cargas, sus estatutos de comunidad, sus obras pendientes o sus limitaciones urbanísticas.
El famoso “aproximadamente” aplicado a los metros cuadrados no es una palabra inocente. Es dinero. Y mucho. También lo son las humedades no explicadas, las reformas mal descritas, las cargas apenas mencionadas o los estatutos que el comprador declara conocer sin haber visto jamás.
Ahí estaba, y sigue estando, el gran melón por abrir: la falta de regulación real de la mediación inmobiliaria. Los agentes inmobiliarios intervenimos en el momento clave del proceso. Somos quienes mostramos, explicamos, valoramos, negociamos y orientamos. Sin embargo, durante años cualquiera ha podido abrir una oficina, llamarse profesional inmobiliario y cobrar una comisión sin acreditar apenas nada.
La profesión debería estar mejor regulada
Podemos vender viviendas, jamones o melones de Villaconejos con la misma exigencia administrativa. Es decir, prácticamente ninguna. Esto no es una crítica contra la profesión. Al contrario. Precisamente porque la profesión importa, debería estar mejor regulada. No para poner trabas absurdas, sino para proteger al ciudadano y dignificar a quienes trabajan con rigor.
Una vivienda no es una mercancía cualquiera. Afecta a la economía, a la seguridad, a la vida familiar y a la dignidad de las personas. Por eso, hablar de transparencia solo en la hipoteca es quedarse corto. Muy corto. Es colocar luces en la caja registradora mientras el almacén sigue a oscuras.
Aquel artículo terminaba con una duda razonable: si la nueva ley serviría para mejorar de verdad las cosas o si acabaríamos caminando hacia una especie de “abusividad transparente”. Es decir, hacia contratos más explicados, pero no necesariamente más justos.
Quien quiera leer el artículo completo, publicado en El Diario Vasco, puede hacerlo siguiendo este enlace: aquí