Vivienda protegida privatización. Lo que nació como un instrumento para garantizar el acceso a la vivienda está derivando, en muchos casos, hacia un modelo donde lo público pierde control y lo privado gana peso.
El artículo firmado por Lluís Pellicer en El País el 21 de marzo de 2026 analiza cómo la vivienda protegida ha ido perdiendo su función original en determinadas comunidades autónomas.
El texto describe un proceso progresivo en el que la promoción de vivienda protegida ha pasado, en gran medida, a manos privadas. En comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana, más del 90 % de estas viviendas son impulsadas por promotores privados, lo que reduce la capacidad de control de la Administración. Este modelo implica que la adjudicación deja de estar sujeta a mecanismos públicos homogéneos. En muchos casos, son los propios promotores quienes gestionan la venta, replicando dinámicas propias del mercado libre. A esto se suma la pérdida de suelo público y la limitada duración de la calificación de estas viviendas, lo que facilita su incorporación al mercado una vez transcurrido el plazo establecido.
Adjudicación y finalidad: el punto crítico del sistema
El artículo contrapone este modelo con el de comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña, donde existe un registro público de demandantes que regula el acceso a todas las viviendas protegidas, independientemente de quién las promueva. Este sistema introduce un elemento clave: el control público de la adjudicación.
El problema no es solo cuántas viviendas se construyen, sino para qué y para quién. Su planteamiento cuestiona la estrategia de aumentar la oferta sin garantizar su finalidad social. Creo que la solución pasa por reforzar dos elementos: la calificación permanente de la vivienda protegida y el control de adjudicaciones y segundas transmisiones. Sin estos mecanismos, la vivienda protegida corre el riesgo de convertirse en un activo más dentro del mercado, perdiendo su función como herramienta de acceso.
Construir no basta: la vivienda como política pública
Haciendo un análisis reposado del artículo, creo sinceramente que construir más viviendas no garantiza por sí mismo una mejora en el acceso. Cuando el sistema permite la pérdida de suelo público, la adjudicación sin control y la descalificación progresiva de las viviendas protegidas, el resultado es un modelo que diluye el parque público y refuerza las dinámicas de mercado.
La cuestión, por tanto, no es únicamente cuantitativa. Es estructural. Tiene que ver con el diseño del sistema y con la capacidad de las administraciones para mantener el control sobre aquello que, en origen, debía ser un instrumento de equilibrio social.